La Legislatura sancionó la ley con la que procura subsanar los errores de la reforma procesal laboral que aprobó en diciembre. El oficialismo insistió e impuso ayer la decisión de implementar los cambios de inmediato, pese a que algunos opositores eran de la idea de postergar la entrada en vigencia durante un tiempo para readecuar la estructura existente y, por ello, votaron en contra.
El autor de la reforma y de la “re-reforma”, Marcelo Caponio (FpV), precisó que la oposición estuvo de acuerdo con las soluciones técnicas añadidas a la enmienda originaria. Una de las medidas más relevantes es la que definió a qué juicios se aplicará el antiguo Código Procesal Laboral. Los legisladores decidieron que la instancia única seguirá rigiendo respecto de los casos que tuviesen decreto firme de elevación a la Cámara del Trabajo para el dictado de la sentencia definitiva hasta el 29 de diciembre del 2016 aunque físicamente los expedientes estén en los juzgados. La Cámara también fallará en los juicios radicados allí. El sistema antiguo será aplicado asimismo a los litigios sometidos a la consideración de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Además fue erradicada la confusión respecto de la cantidad de miembros que han de integrar las salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La nueva ley especifica que los tribunales estarán compuestos por dos magistrados (sólo se sumará un tercero en caso de empate). Otra disposición indica los cambios de nominaciones (competencia material).
La “re-reforma” explicita que la presencia del juez en la audiencia de conciliación no supone un obstáculo para dictar una sentencia válida. Durante la sesión se insistió en que estas actuaciones son compatibles y en que no había prejuzgamiento.
Los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron la necesidad de modificar un sistema cambiado hace menos de dos meses. “Lo decíamos el año pasado, cuando esto se aprobó: una reforma de tanto impacto no podía tener un tratamiento express”, dijo José María Canelada.
Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) defendió la postergación de la entrada en vigencia del nuevo proceso laboral. Según su criterio, hace falta un año para garantizar la aplicación eficaz. “En un par de meses nos vamos a ver otra vez aquí proponiendo que se otorgue un nuevo plazo”, pronosticó.
Fernando Valdez (UCR) sostuvo que alcanzaba con 60 días. Durante la sesión, el radical recordó que había iniciado un juicio en enero para lograr la suspensión de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. “Ese amparo y otros que vinieron después generaron que hoy (por ayer) esta Legislatura esté sesionando”, aseguró. Al litigio promovido por el legislador se suma el del Colegio de Abogados de la Capital y el de la Asociación de Abogados Laboralistas. Valdez recordó que aún existe la posibilidad de que la Corte difiera la implementación del sistema.
BERTOLT BRECHT.- La primera sesión legislativa de 2017 dio pie a la reinstalación de la confrontación por los gastos sociales y los conflictos relacionados. Luis Brodersen (Pro-A) sacó el tema en el período de manifestaciones generales al calificar de arbitraria la decisión de cesantear a sus cuatro asesores letrados adoptada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo. “Esta situación es tan ridícula como aceptar, señor presidente, que usted elija a mis colaboradores”, expresó Brodersen (fotografía). E intimó a sus pares a tomar una posición citando a Bertolt Brecht: “primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.
“Generoso”.-Marcelo Caponio (FpV) defendió la potestad de Jaldo: “no tiene sustento lo de Brodersen. Es el presidente quien designa y nosotros no podemos juzgarlo”. Guillermo Gassenbauer (FpV), sin nombrar al opositor, desestimó su reclamo con el argumento de que provenía de un legislador “ausente”, que rara vez participaba en las sesiones: “me gustaría conocer sus inasistencias. Usted (Jaldo) fue generoso en dar asesores a quien no vino a trabajar, judicializa (los gastos sociales) y nos hace quedar mal. Pienso en él como el popular cipayo”. Roque Cativa (FpV) adhirió al argumento de Caponio, lo mismo que Ramón Santiago Cano (FpV).
“El escorpión”.- “Nos guste o no nos guste, no puede haber actos públicos inmotivados. Lo de Brodersen se inscribe en una persecución política”, dijo Eudoro Aráoz (UCR), quien también judicializó la resistencia de la Legislatura a proporcionar información sobre los gastos sociales de 2015. A continuación, el correligionario Ariel García hizo una locución larga en la que, sin mencionarlo por su nombre, comparó a Brodersen con una especie nueva de escorpión-prestamista y usurero oriundo de Aguilares. “¿Hasta cuándo vamos a dejar que este escorpión actúe?”, interrogó García. Cuando terminó, Jaldo levantó el período de manifestaciones generales con el argumento de que había transcurrido el tiempo asignado y pese a que Brodersen había solicitado la palabra. “Hoy estamos todos reglamentaristas y yo también”, explicó.